Por la descolonización de Puerto Rico a Malvinas y la libertad del patriota Oscar López Rivera

“(…) Cuando un pueblo es invitado a unión por otro, podrá hacerlo con prisa el estadista ignorante y deslumbrado, podrá celebrarlo sin juicio la juventud prendada de bellas ideas, podrá recibirlo como una merced el político venal o demente, y glorificarlo con palabras serviles, pero el que siente en su corazón la angustia de la patria, el que vigila y prevé, habrá de inquirir y ha de decir qué elementos componen el carácter del pueblo que convida y el convidado”. José Martí
El derecho a la autodeterminación de los pueblos
Para la comunidad internacional la autodeterminación es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de igualdad. Acertadamente se le añade el adjetivo libre, lo cual significa que no basta que un pueblo sometido al colonialismo, en el cual se reprime a los que luchan por la independencia y se menosprecia a través de la educación y la propaganda, el idioma y la cultura de ese pueblo, vote por opciones supuestamente descolonizadoras.
Para que una votación al respecto pueda considerarse como un ejercicio del derecho a la libre determinación, el país antes tiene que ser libre.
Este derecho a la libre determinación de los pueblos se ha recogido en varios de los documentos más importantes del derecho internacional, entre ellos la Carta de las Naciones Unidas de 1945 (art.1º párraf.2) y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, así como en numerosas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La autodeterminación tiene carácter inalienable y genera obligaciones para todos los Estados.
¿Quién es Oscar López Rivera?
El patriota puertorriqueño, Oscar López Rivera, nació en San Sebastián, Puerto Rico, el 6 de enero de 1943. Su familia se mudó a Estados Unidos cuando Oscar tenía 9 años. Fue reclutado en el ejército y sirvió en la Guerra de Vietnam. Le fue concedida la Medalla de Bronce. Al salir del ejército, se dedicó al trabajo comunitario para mejorar las condiciones de vida de sus compatriotas en Chicago. Conoce de primera mano la opresión y la represión que sufre su patria bajo el sistema colonial que padece, lo que lo lleva a unirse a una organización clandestina que llevaba acciones de propaganda armada en los Estados Unidos. Estas organizaciones que luchan por la liberación de países que no han logrado la independencia, son reconocidas como legítimas en el Derecho Internacional ya que combaten el colonialismo- que es considerado un crimen contra la humanidad. Oscar y otros compañeros y compañeras fueron arrestados y acusados de conspiración sediciosa. Fue condenado a 70 años de prisión, una pena mayor que la establecida para muchos asesinos y violadores. Al presente Oscar ha cumplido 33 años como prisionero en cárceles de Estados Unidos (1).
En 1999, el Presidente Clinton concedió libertad condicionada a varios de los compañeros de Oscar, prisioneros políticos y de guerra. A Oscar López Rivera le ofrecieron su excarcelación en 10 años, pero rechazó la oferta en solidaridad con dos compañeros a quienes no le ofrecieron liberarlos. Desde entonces han transcurrido 15 años y sus dos compañeros fueron excarcelados hace ya varios años. Oscar es el puertorriqueño que más tiempo ha pasado en prisión por luchar por la liberación de su patria. El reclamo por la libertad de Oscar López Rivera ha contado con el apoyo de amplios sectores civiles, políticos y religiosos del pueblo, dentro de Puerto Rico y en la diáspora. Internacionalmente también crece el clamor por su excarcelación, incluyendo a ganadores del Premio Nobel de la Paz. Personajes de las artes y los deportes también expresaron su apoyo y solidaridad con Oscar, son los casos de la banda Calle 13, el rapero Tego Calderón, el boxeador boricua Miguel Angel Coto y el boxeador argentino Sergio “Maravilla” Martínez.
La situación económico-social del país
Por años, el gobierno estadounidense presentó a Puerto Rico como un ejemplo de desarrollo económico y de progreso. Asimismo, mediante presiones y su poder económico, quiso engañar a la comunidad internacional, cuando en 1954, en la Organización de las Naciones Unidas, logró que se sacara a la isla borincana de la lista de países bajo un régimen colonial. Hoy, la cruda realidad ha pulverizado ambos mitos.
La economía de puerto Rico se encuentra en una clara bancarrota imposible de reflotar bajo las condiciones opresivas de la dominación colonial. El desempleo real rebasa el 25 por ciento, mientras que, de toda la población en condiciones de trabajar la tasa de participación es apenas del 40 por ciento, su nivel mas bajo desde que se lleva registro de la misma. En tales condiciones, crece como la espuma el trabajo informal y la economía subterránea. Mientras tanto, las políticas neoliberales de la actual administración colonial han propiciado un proceso acelerado de empobrecimiento de los trabajadores, precarizando sus condiciones laborales y derogando derechos adquiridos.
El cuadro es dramático. En Puerto Rico, el trabajo comienza a ser una actividad en peligro de extinción. Nada mas favorable resulta la quiebra del sistema económico como excelente caldo de cultivo para el crecimiento de las actividades delictivas y particularmente para el “florecimiento” del narcotráfico. Cifras recientes destacan como la “economía”, vinculada al trasiego de los carteles de la droga representa el 10% de la economía formal. Las propias estadísticas de la Policía de Puerto Rico revelan la existencia de al menos 1600 lugares (puntos de drogas, como se les conoce en la jerga puertorriqueña), que son centros ilegales de venta de drogas. Lo que equivale a registrar que, en todo el territorio boricua, hay más “puntos de drogas” que escuelas.
Lo anterior se agrava con la enorme desigualdad social. El 20 por ciento más rico de la población posee el 55,3 por ciento de los ingresos, mientras que el 20 por ciento más pobre es dueño de apenas el 1,7 por ciento. El ingreso anual del 20 por ciento más pobre de los puertorriqueños es de 2.455 dólares, mientras que el ingreso promedio del 20 por ciento más rico es de $ 78.679. Se estima, además, que en 2014 la economía no crecerá por sexto año consecutivo.
Ante una realidad tan desesperante, según los datos recientes del Censo de Población, 300 mil puertorriqueños se han visto obligados a emigrar desde el año 2000, siendo Puerto Rico uno de los pocos países en el mundo donde se ha experimentado una reducción absoluta de su población.
Bases militares de Estados Unidos
Desde que el imperio del Norte invadió Puerto Rico en 1898, desplazando al Imperio Español, construyó en la isla bases militares. Y los luchadores por la independencia desplegaron grandes esfuerzos contra la presencia militar extranjera que consolidaba la ocupación. Muchas de esas luchas históricas trascendieron al mundo y permitieron a otros pueblos entender el papel que Washington asignaba a Puerto Rico en sus proyectos imperiales de intervención militar y dominación del continente.
Pero, hacia fines del siglo XX, una serie de cambios en la doctrina, la estrategia militar y los planes concretos de los EE.UU. en la región –y en particular el acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia que permitía al Pentágono (2) el uso generalizado de bases e instalaciones militares colombianas- modificó en parte el interés de Washington por la utilización del territorio puertorriqueño con fines militares. Y hubo también modificaciones en la estructura de las fuerzas emplazadas en la isla.
En 2003 se produjo el cierre de la conocida base naval de Roosevelt Roads, así como el Area de Tiro y el Area de Maniobras de la Flota del Atlántico en Vieques; varios comandos de operaciones del Comando Sur fueron trasladados a Estados de la Costa Este estadounidense. Estos y otros cambios, por cierto “alteraron la importancia militar estratégica hasta entonces adjudicada a Puerto Rico. Sin embargo, lo anterior no significa la pérdida de importancia militar de Puerto Rico en los planes de dominación geopolítica de Estados Unidos en la región” (3).
Dicha afirmación, que surge del análisis de estudiosos puertorriqueños, se ve confirmada en los hechos, es decir por la presencia activa de por lo menos 12 bases e instalaciones militares del Pentágono en una isla cuya superficie es de 9.104 kilómetros cuadrados con una población de 3.725.789 habitantes, según el Censo Federal del año 2010.
Tales emplazamientos comprenden bases de operaciones, radares, sistemas de control aéreo y submarino, centros de investigación militar, sedes de organismos de seguridad e inteligencia, centros de comunicaciones, cuarteles para alojar a miles de efectivos, etc. Los cuales se encuentran localizados en Lajas, Aguada, Borinquén, Isabela, Sabana Seca, Fuerte Buchanan, El Yunque, Naguabo, Roosevelt Roads, Isla Piñero, Vieques y Salinas, entre otros, y abarcan prácticamente toda la extensión de la isla, sus costas y el mar que la circunda.
Más información sobre dichas instalaciones puede encontrase en el trabajo antes citado y también en el libro de Telma Luzzani “Territorios vigilados” (4).
Poner fin al colonialismo
Al fundarse la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, 750 millones de personas -casi una tercera parte de la población del mundo- vivía en territorios sujetos al colonialismo.
Quince años después y en el marco de un notable proceso histórico en el que 80 antiguas colonias obtienen su independencia, la ONU aprueba, el 14 de diciembre de 1960, la Resolución 1514 (XV), conocida como la Carta Magna de la Descolonización. Y establece además un Comité Especial de Descolonización el cual se reúne anualmente para evaluar la situación de los territorios que todavía padecen la dominación colonial.
En el caso de Puerto Rico, ya en 1953 Estados Unidos había maniobrado ante la ONU pretendiendo demostrar que no se trataba de una colonia pues en 1952, al aprobarse su constitución como Estados Libre Asociado (ELA) habría ejercido su derecho a la autodeterminación. Esto era y es falso, pues sigue siendo el Congreso de los Estados Unidos, y no el pueblo puertorriqueño, quien tiene el poder de decidir sobre aspectos fundamentales relacionados con la soberanía del país como la justicia, la defensa nacional, la moneda, las fronteras, las elecciones, las migraciones y otros. Como resultado de la maniobra la ONU había retirado el nombre de Puerto Rico de la lista de pueblos sujetos al dominio de otro país. Sin embargo desde 1973 y como resultado del trabajo internacional del movimiento independentista, el Comité Especial de Descolonización asume el caso de Puerto Rico.
La Resolución 1514 es muy importante porque fija los criterios para eliminar el colonialismo, en base al “respeto de los principios de la igualdad de derechos y de la libre determinación de todos los pueblos, y de asegurar el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”. A la vez “proclama solemnemente la necesidad de poner fin, rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones” y agrega además: para que “los pueblos dependientes puedan ejercer pacífica y libremente su derecho a la independencia completa, deberá cesar toda acción armada o toda medida represiva de cualquier índole dirigida contra ellos, y deberá respetarse la integridad de su territorio nacional.”
Como se ve, la Resolución no deja dudas en cuanto a su propósito que es acabar con la opresión colonial. Y aunque hoy las tres potencias coloniales subsistentes (Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia) pretendan desconocerlo, tales recomendaciones se aplican claramente a Puerto Rico, y también a nuestras Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como a la Guayana Francesa y otras posesiones coloniales en la región y en el mundo.
Es importante registrar que, en sus sesiones del año en curso, el Comité de Descolonización de Naciones Unidas adoptó, el 23 de junio, una nueva resolución ratificando el derecho de Puerto Rico a la libre autodeterminación e independencia. Se trata del trigésimo tercer documento aprobado en esa instancia por el caso de Puerto Rico, donde se ratifica, además el carácter latinoamericano y caribeño de un país cuyo pueblo, como resultado de su actual status de subordinación política, se encuentra privado del derecho de tomar decisiones soberanas para atender sus necesidades y desafíos, entre ellos los graves problemas económicos y sociales de la isla.

La lucha de los pueblos y la acción diplomática
En nuestro continente, con el respaldo del derecho internacional y en el marco del actual proceso de integración regional, existen condiciones más favorables para derrotar definitivamente al colonialismo. Las decisiones de los países del ALBA, de la UNASUR y la CELAC fortalecen esas posibilidades.
En la primera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada el 27 y 28 de enero de 2013, en Santiago de Chile, se aprobó por primera vez una Declaración que contiene un pronunciamiento sobre Puerto Rico, destacando “el carácter latinoamericano y caribeño de Puerto Rico” y tomando nota “de las resoluciones sobre Puerto Rico adoptadas por el Comité especial de Descolonización de las Naciones Unidas”, la Declaración considera que se trata de “un asunto de interés de la CELAC” . En correspondencia con tal interés en la segunda cumbre de Jefes y Jefas de Estado de la CELAC, celebrada recientemente en la Habana, Cuba, es invitada y participa una nutrida representación del independentismo de Puerto Rico.
Vivimos pues un momento especial para desplegar una amplia campaña en solidaridad con el pueblo puertorriqueño, así como para afirmar nuestra soberanía en Malvinas y denunciar la militarización del Atlántico Sur, todo ello apuntando al objetivo de poner fin al colonialismo en nuestro continente.
Buenos Aires, 25 de junio de 2014
Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA)
Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (Mopassol)

NOTAS
(1) Es difícil saber exactamente cuántos presos políticos hay en los EEUU, el periodista Néstor García Iturbe publica regularmente una Lista de Presos Políticos en base a datos de la organizaciones National Jericho Movement y Social Movement Prisoners. En esa lista hay cerca de 157 prisioneros, pero a estos hay que sumarle los 166 de la cárcel de Guantánamo y las decenas del Movimiento Indígena Estadounidense -como Leonard Peltier de la etnia anishinaabeg lakota-. Algunos de los presos políticos del imperialismo son Russell Maroon Shoats que pasó mas de 30 años en confinamiento solitario, Mumia Abu-Jamal que estuvo condenado a muerte por 20 años acusado de matar a un policía y hace 14 años que se la conmutaron a cadena perpetua y, entre muchos otros, los cinco cubanos antiterroristas Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar y René González Sehwerert (aunque en este momento solamente quedan tres porque Fernando González Llort y René González Sehwerert cumplieron sus condenas y han regresado a Cuba). Otra presa política boricua que estuvo más de 30 años detenida en USA es Haydeé Beltrán Torres, que fue liberada en el 2009. Mientras, muchos terroristas socios del gobierno de los EEUU que se jactan de haber asesinado siguen paseando tranquilamente por las calles de Miami como Luis Posada Carriles y Santiago Alvarez Fernandez Magriña.
(2) Ministerio de Defensa de los Estados Unidos.
(3) Alejandro Torres Rivera, “Las bases militares estadounidenses en Puerto Rico”, artículo en la Web
(4) Telma Luzzani, “Territorios vigilados”, Editorial Random House Mondadori, Buenos Aires, 2012

Contactos:
http://www.ctera.org.ar/
ddhhctera@gmail.com
http://www.mopassol.com.ar
rina.bertaccini@speedy.com.ar

Publicado el 21 de julio de 2014 en Noticias. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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