Agua ¿preludio de guerra en América?

Por Hedelberto López Blanch
Aunque la noticia ha pasado prácticamente inadvertida para los medios de comunicación, no deja de ser importante y alarmante por sus posibles consecuencias para todos los países del continente americano.
Un estudio de la NASA ha llegado a la conclusión de que el volumen total de agua en las cuencas de los ríos Sacramento y San Joaquín, en el Estado de California, Estados Unidos, ha disminuido desde 2014 en 34 millones de acre-pie (42 000 millones de metros cúbicos, lo cual significa un efecto demoledor para la economía de ese extenso Estado de la Unión.
La información apareció en un artículo en The Ángeles Times, firmado por el científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de esa institución, Jay Famiglietti, en el cual se afirma que California viene perdiendo agua almacenada desde 2002, y que dos tercios de estas mermas se derivan del uso de aguas subterráneas por los agricultores que han tratado de combatir los efectos de las sequías.
Con gran énfasis, el científico asegura que “los almacenamientos actuales de agua en California podrían acabarse dentro de un año” y que las autoridades deben activar medidas restrictivas sobre el uso del líquido almacenado en todos los sectores y permitir la formación de agencias regionales de sostenibilidad.
En los cálculos del equipo encabezado por Famiglietti se tuvo en consideración los volúmenes que comprenden la nieve fundida, las reservas y el agua subterránea.
La noticia trae a colación el interés manifiesto que a lo largo de estos últimos años ha demostrado Estados Unidos en tener una mayor presencia en la zona cercana al Acuífero Guaraní que se extiende desde el norte de Brasil hasta la pampa argentina. Se calcula que tiene 37 000 millones de metros cúbicos, y cada kilómetro cúbico es igual a 1 billón de litros.
Con 1 190 000 kilómetros cuadrados de extensión, superficie mayor que las de España, Francia y Portugal juntas comprende 850 000 kilómetros cuadrados del Brasil (equivalente al 9,9 % de su territorio), 225 000 de la Argentina (7,8 %), 70.000 kilómetros cuadrados de Paraguay (17,2 %) y 45.000 kilómetros cuadrados de Uruguay, 25,5 % de la superficie de la nación oriental.
Sus fuentes podrían abastecer indefinidamente a 360 millones de personas, mientras la población actual en el área del acuífero, se estima en 17 millones.
Los jefes del Comando del Ejército Sur de Estados Unidos han mantenido una cíclica presencia en esa región y el Banco Mundial comenzó, a partir de 2007, a financiar proyectos en el Guaraní.
Desde hace más de un siglo, los países poderosos han lanzado guerras o controlado a gobiernos dóciles para apoderarse del control de los yacimientos de hidrocarburos existentes en diferentes naciones.
En América Latina casi todos los depósitos estuvieron bajo intervención de Estados Unidos y en otras regiones, han sido lanzadas violentas guerras de rapiñas para apoderarse del petróleo y gas como en Libia, Irak, Siria o Sudán, por citar algunas.
Ahora los expertos auguran que más temprano que tarde, las nuevas guerras tendrán como trasfondo, tratar de apoderarse de las grandes fuentes de agua, debido a la escasez y la contaminación en algunos países de ese líquido fundamental para la vida en el planeta.

Observemos estos datos: El 70 % de la tierra esta cubierta por agua salada y solo el 2,5 % potable. De éstas, el 70% se utiliza en la agricultura, el 20 % en la industria y el 10 % al consumo humano. La contaminación de las aguas provocan la muerte de más de 5 000 000 de personas, principalmente de menores de edad.

Unos 1 200 millones de habitantes no tienen acceso al agua y 2 200 millones viven sin condiciones sanitarias. Para 2050 la Organización de Naciones Unidas estima una población mundial de 9 000 millones con una demanda superior al 60 % de la actual, mientras que el 85 % de las fuentes hídricas se encuentran donde habita el 12 %.

Resulta muy sintomático que un informe de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) ha afirmado que para el 2015 el agua será una de las mayores causas de conflicto internacional.
En 1997, cuando en América Latina primaban gobiernos dóciles a Estados Unidos, varios países abrieron sus puertas al Banco Mundial, al pasar las universidades de Santa Fe y Buenos Aires, la de Uruguay y varias de Brasil, los derechos de investigación del acuífero Guaraní a esa institución financiera.

Para noviembre de 2001 el BM, por medio de una de sus instituciones especializadas, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés) comenzó a financiar la investigación y los trabajos para lograr el “desarrollo sustentable” de ese reservorio.

Dos años después, en noviembre de 2003, se reunieron en Montevideo los integrantes del MERCOSUR con el BM y se firmó el Proyecto de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Sistema Acuífero Guaraní. El GEF garantizó para el financiamiento, 13,4 millones de dólares aportados por bancos de Estados Unidos, Holanda y Alemania. La Organización de Estados Americanos y la Unidad para el Desarrollo Sostenible (OEA-USDE) con sede en Washington actuarían como la filial regional de ejecución y el Banco Mundial como la agencia de implementación.

Durante el IV Foro Mundial del Agua celebrado en Ciudad de México en marzo de 2006, el entonces presidente del BM, Paul Wolfowitz emitió un documento denominado “Espejismo en el Agua”, donde expresaba que el Banco Mundial solo facilitaría préstamos para la asistencia del agua con la condición de que dicho servicio se privatizara.

Pero como ha expresado el presidente ecuatoriano Rafael Correa, ya comenzaba para la región un “cambio de era” y el texto fue descalificado por los asistentes. En ese documento se indicaba que el país que se negara a acatar las decisiones vería recortados los créditos para otras inversiones en el sector público.

Con la reciente información de la NASA referente a la escasez de agua en el extenso Estado norteamericano de California, las naciones del sur del continente tendrán que estar alertas para evitar las nuevas amenazas que se ciernen sobre el Acuífero Guaraní.

DECLARACION DEL MOVIMIENTO CUBANO POR LA PAZ Y LA SOBERANIA DE LOS PUEBLOS

Una vez más la heroica y solidaria República Bolivariana de Venezuela, su Gobierno y su pueblo enfrentan la amenaza de una agresión imperial, concebida irresponsablemente por el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien hace pocos días emitió una orden ejecutiva declarando a la nación bolivariana como una amenaza a la seguridad nacional de esa gran potencia.
En una clara expresión de arrogancia imperialista, el gobierno estadounidense vuelve a actuar de forma violatoria del derecho internacional al pretender inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela con una clara y marcada intención desestabilizadora y contrarrevolucionaria y atizando, con tal conducta, una escalada amenazante que puede derivar en una intervención militar en esa hermana nación nuestroamericana.
Se pretende así coartar la brillante y luminosa estela de integración y solidaridad latinoamericana y caribeña impulsada por la Revolución Bolivariana en nuestro Continente y en el mundo, que tuvo en su Comandante Eterno, Hugo Chávez Frías, a su más decidido promotor, y que tiene hoy en el Presidente Nicolás Maduro, en el Partido Socialista Unido de Venezuela y en el pueblo patriota venezolano a sus más comprometidos y fieles y seguidores.
Esta intentona desestabilizadora de Washington ha recibido el repudio mas enérgico e inmediato de todas las naciones latinoamericanas y caribeñas, en estricto apego a la decisión que adoptaron, en enero del pasado año en La Habana, durante la II Cumbre de la CELAC, de proclamar a América Latina y El Caribe como Zona de Paz.. De igual forma se han pronunciado los mecanismos integracionistas regionales como la propia CELAC, UNASUR el ALBA-TCP y CARICOM, entre otros.
El Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, se une al Consejo Mundial de la Paz y al resto de las organizaciones y movimientos pacifistas de nuestra Región y del mundo, así como a otras organizaciones de la sociedad civil cubana, para denunciar esa nueva agresión imperialista contra Venezuela y exhorta a todas las personas amantes de la Paz a condenar la misma y a exigir el cese de todas las acciones desestabilizadoras y el respeto mas absoluto a la soberanía, la integridad y la autodeterminación del pueblo venezolano.

La Habana, 20 de marzo 2015

MENSAJE DE SOLIDARIDAD CON VENEZUELA

El Consejo por la Paz de Jamaica expresa su total solidaridad con el Gobierno y el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela a la luz de las recientes declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de América que guardan similitud con declaraciones que anteceden ataques militares contra otras naciones soberanas. Venezuela en ningún modo representa una amenaza a la paz regional y global. Por el contrario, Venezuela es uno de los primeros defensores de la cooperación pacifica a través de su decisivo papel en la integración regional de las naciones de América Latina y El Caribe.
Mientras el Presidente Nicolás Maduro se encuentra admirablemente comprometido con la defensa de la Revolución Bolivariana la cual ha transformado positivamente la vida de los ciudadanos en muchos aspectos, en cambio, él no ha asumido posiciones negativas ni ofensivas contra el Gobierno y el pueblo de los EE.UU. Es un derecho soberano de cada cual, escoger su propio camino al desarrollo y el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela ha ejercido ese derecho por la vía de los procesos electorales asi como, a través de su resistencia contra las fuerzas antidemocráticas que buscan revertir el proceso. Es responsabilidad de todas las naciones amantes de la paz el respetar tal derecho.
Por lo tanto, hacemos un llamado al Presidente Barack Obama y al Gobierno de EE.UU a mostrar todo el debido respeto y a cancelar todos los planes de llevar a cabo una ofensiva militar contra Venezuela y a poner fin a todos los actos de desestabilización y subversión que han estado desarrollando con la intención de crear el descontento entre el pueblo. También llamamos a todas las fuerzas amantes de la paz en el mundo a hacer escuchar sus voces y a detener las manos de aquellos que intentan agredir al gran Estado Bolivariano que ha proporcionado ayuda inconmensurable a otras naciones a través del acuerdo de PetroCaribe al cual se oponen los EE.UU y la oligarquía petrolera venezolana.
Comité Directivo del Consejo por la Paz de Jamaica.

Base naval de EE.UU. en Guantánamo: Un tratado espurio

Publicado el 15 marzo, 2015 • 16:38 por Redacción Nacional
Foto: EFE Por: Felipa Suárez Ramos y Alina Martínez Triay
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Doctora en Derecho Dorys Quintana Cruz, secretaria de la Sociedad Cubana de Derecho Internacional de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y miembro del Secretariado del Movimiento Cubano por la Paz.

En su discurso en la III Cumbre de la Celac, efectuada en Costa Rica en enero de este año, el Presidente cubano Raúl Castro Ruz se refirió al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos como el inicio de un proceso hacia la normalización de las relaciones bilaterales, pero aseguró que esta no será posible mientras existan asuntos pendientes a resolver, entre los cuales mencionó la devolución del territorio ilegalmente ocupado por la base naval en Guantánamo. Al día siguiente de estas declaraciones, el portavoz del Presidente estadounidense, Josh Earnest, expresó que Obama no planea devolver a Cuba ese territorio aunque logre su objetivo de cerrar la prisión establecida allí, y agregó que no hay ninguna conversación bilateral al respecto. No se trata por supuesto, como pretenden señalar algunas fuentes malintencionadas, de un territorio “en disputa”, sino de una porción ocupada, perteneciente a un país soberano, cuya devolución su pueblo exige. Variadas violaciones rodean el establecimiento y permanencia de esa instalación impuesta mediante la fuerza y la coacción, que lacera nuestra soberanía. Sobre ello conversamos con la doctora en Derecho Dorys Quintana Cruz, secretaria de la Sociedad Cubana de Derecho Internacional de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Se cumplieron ya 111 años del convenio de arrendamiento que dio luz verde a Estados Unidos para establecer una base naval o carbonera en la zona de Caimanera, en Guantánamo. ¿Existe algún instrumento del Derecho Internacional que le permita al arrendatario disfrutar de esa condición por tiempo indefinido? Tanto en la Resolución Conjunta (Joing Resolution), de abril de 1898, como en el Tratado de París, de diciembre de ese año, Estados Unidos proclamó que Cuba era libre, independiente y soberana. Sin embargo, eso fue violado con el convenio de la base naval en Guantánamo, firmado en 1903 al amparo de la cláusula VII de la Enmienda Platt, la cual dispuso que: “(…) para poner en condiciones a los Estados Unidos de mantener la independencia de Cuba y proteger al pueblo de la misma, así como para su propia defensa, el Gobierno de Cuba venderá o arrendará a los Estados Unidos las tierras necesarias para carboneras o estaciones navales en ciertos puntos determinados que se convendrán con el Presidente de los Estados Unidos”. No pasó mucho tiempo sin que la vecina nación emprendiera los pasos conducentes a la instrumentación de la citada cláusula, pues el 8 de noviembre de 1902, su Secretario de Estado solicitó al Gobierno de Cuba la cesión a perpetuidad de porciones de tierra para cuatro estaciones navales en los territorios de Guantánamo, Cienfuegos, Nipe y Bahía Honda. Posteriormente aceptó dos, Guantánamo y Bahía Honda, y cambió el término de perpetuidad por el de arrendamiento, pero sin fecha de término, que es prácticamente lo mismo. Así nació el convenio de arriendo de las bases. En 1912 Estados Unidos renunció a la de Bahía Honda y amplió la extensión de la de Guantánamo. Resulta nulo el consentimiento de un Estado a permanecer obligado por un tratado, si este ha sido obtenido mediante la coacción o la amenaza, y la apertura de la base naval en Guantánamo es un derivado de la Enmienda Platt, aceptada por los constituyentistas cubanos porque, de no hacerlo, se mantendría la intervención militar estadounidense en Cuba, hecho que constituye una injerencia y una limitante en las relaciones recíprocas entre ambas naciones. En relación con esto, el Derecho Internacional estipula que un tratado firmado en esas condiciones es nulo ab initio. Y continúa siéndolo, porque el pueblo y Gobierno cubanos no lo aceptan y están en contra de que la base se mantenga; esto, desde el punto de vista jurídico responde a la falta de consentimiento. Por su naturaleza, todo arrendamiento es temporal, de ahí que la perpetuidad en el caso de la base naval en Guantánamo es incompatible con ese principio, como lo es también la firma del arrendamiento sin término, porque esto constituye la perpetuidad. El arrendamiento presupone que el propietario puede recobrar en cualquier momento, o en el monto en que fuere acordado, la posesión y uso del bien pactado. En todo tratado se establece el comienzo y el final, y el de la base carece de término, lo cual viola los principios generales del Derecho Internacional. Cuba ya no es aquel país que en 1903 se vio obligado a hacer concesiones a Estados Unidos, aun en contra de la voluntad de su pueblo. Tampoco en Guantánamo existe, como estipuló el convenio original, una estación naval, sino una base militar y además una cárcel. ¿Acaso el cambio de las circunstancias y el uso que se le da al arrendamiento no refuerzan el carácter ilegal de este enclave? Según el principio de pacta sunt servanda, todo tratado debe ser firmado de buena fe por las partes que se obligan, y en torno a la base naval en Guantánamo, Estados Unidos nunca la tuvo, porque en él primaron sus ansias de injerencia y poder sobre la nación, aún presentes. Igualmente, en su artículo VII la Enmienda Platt señaló como objetivo el establecimiento de bases navales o carboneras, razón que Estados Unidos contravino con la instalación de una base militar allí; violación que se agudiza en estos momentos con la utilización de ese establecimiento como centro de tortura y prisión de rigor absolutos de los prisioneros que en ella se encuentran. Otro de los principios violados es el rebus sic stantibus, de acuerdo con el cual un tratado deja de existir cuando cambian las condiciones en que fue suscrito. En este caso lógicamente han cambiado, porque no es el mismo Gobierno anexionista que firmó el Tratado de 1903. Además, Cuba ya no es una república neocolonial, sino que la encabeza un Gobierno socialista revolucionario que no reconoce ese arrendamiento y, por ende, no está de acuerdo con él. Asimismo, el pueblo cubano tiene conciencia de la ilicitud del tratado, de su mala fe, y exige la devolución de su territorio. Los sentimientos de soberanía, libertad e independencia del Gobierno y pueblo de Cuba difieren totalmente de los que animaron al que firmó ese engendro jurídico. Algunos autores consideran que el cambio de las condiciones y circunstancias en que se ha hecho un tratado origina un efecto de extinción con relación a lo pactado. Es precisamente lo que ocurre respecto al tratado de la base naval en Guantánamo. Para su validez, el objeto de un tratado requiere ser lícito y posible, y ningún Estado puede ser obligado si no es para las cuestiones y derechos que dependan de su autoridad; por consiguiente, no puede tener valor jurídico ninguno que viole principios fundamentales, como tampoco puede obligarse jurídicamente a ningún país a renunciar a la soberanía sobre una parte de su territorio. En resumen, los convenios en virtud de los cuales Estados Unidos de América estableció la base naval en Guantánamo adolecen de numerosos vicios de nulidad que los invalidan como instrumentos jurídicos. Sobre esa realidad, en su libro Vecinos indeseables, la doctora Olga Miranda Bravo, ya fallecida, señaló: “Los cubanos al mismo tiempo que sentimos el rigor político de la base también debemos considerar el error jurídico que la misma implica”, en clara referencia a su ilegalidad, e indica que tanto los antecedentes como las violaciones cometidas por el vecino país para lograr imponerla, convierten en nulo el tratado.

El desarme nuclear no puede ser un objetivo continuamente pospuesto

Intervención de Bruno Rodrí¬guez Parrilla, ministro de Relaciones Ex¬teriores de la República de Cuba, an¬te la Conferencia de Desarme. Gi¬nebra, Suiza, el 3 de marzo del 2015
Autor: Bruno Rodríguez Parrilla | internet@granma.cu
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3 de marzo de 2015 23:03:20
Señor Presidente:
Hace 70 años, la Organización de Naciones Unidas proclamó el propósito de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra y de los sufrimientos indecibles que provoca. Para ello, se propuso preservar la paz y la seguridad internacionales, y fomentar entre las naciones las relaciones de amistad basadas en el respeto a los principios de la igualdad soberana y la libre determinación de los pueblos.
Sin embargo, el gasto militar global ascendió en el 2013 a la astronómica cifra de 1,75 millones de millones de dólares; y la supervivencia de la humanidad se ve continuamente amenazada por la existencia de más de 16 000 armas nucleares.
Los gastos exorbitantes que hoy se hacen en armas, deberían destinarse a fomentar la paz, el desarrollo económico y social y una vida digna para todos los seres humanos.
Los temas del desarme, de los cuales se ocupa esta importante Confe¬rencia, revisten gran im¬portancia y recaban mayor atención.
El pasado 26 de septiembre se conmemoró, por primera vez, el “Día In¬ternacional sobre la Eliminación Total de las Armas Nucleares”.
Cuba saluda el amplio respaldo internacional a esa iniciativa, y reitera las palabras del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz, cuando dijo y cito:
“En una guerra nuclear el daño co¬lateral sería la vida de la humanidad… Cualquier gobierno del mun¬do está obligado a respetar el derecho a la vida de cualquier na¬ción… Los pueblos están en el deber de exigir a los líderes políticos su derecho a vivir (…) nadie puede darse el lujo de ser indiferente, ni se puede perder un minuto en exigir el respeto a ese derecho; mañana sería demasiado tarde… Es hora ya de que el mundo (…) adopte el camino hacia la paz”.
El desarme nuclear no puede ser un objetivo continuamente pospuesto. Condenamos la función de las armas nucleares dentro de las doctrinas, políticas y estrategias de seguridad y la amenaza de su uso. Reclamamos asimismo el respeto al derecho inalienable al uso pacífico de la energía nuclear.
En el primer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea Ge¬neral de la ONU dedicado al de¬sarme, en 1978, los Estados miembros dieron a este foro el mandato de negociar tratados multilaterales en esta materia. Esta Conferencia no ha cumplido ese mandato respecto al desarme nuclear. Se ha incumplido también el Artículo VI del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), que establece claramente la obligación de negociar de buena fe el desarme nuclear.
Se requieren acciones concretas para alcanzar el mundo libre de ar¬mas nucleares al que aspiramos.
El Movimiento de Países No Alineados presentó una propuesta, adoptada por la Asamblea General de la ONU, mediante la que se pide iniciar con urgencia negociaciones en la Conferencia de Desarme, para la pronta conclusión de una Convención abarcadora sobre las armas nucleares, que prohíba la posesión, el desarrollo, la producción, la ad¬quisición, el ensayo, el almacenamiento, la transferencia, el em¬pleo o la amenaza del empleo de las ar¬mas nucleares y disponga su destrucción.
Urge que la Conferencia de De¬sarme adopte un programa de trabajo amplio y balanceado que tome en cuenta las prioridades reales en materia de desarme. Es importante que este foro no ceda a la falta de voluntad política de unos pocos países.
Esta Conferencia de Desarme, si cumpliera con su mandato, podría realizar una importante contribución para romper el estatus quo y salir de la parálisis de la maquinaria de desarme que solo beneficia a los poderosos.
La Conferencia de Desarme está preparada para negociar varios te¬mas simultáneamente, incluyendo un tratado que elimine y prohíba las armas nucleares; uno que prohíba la carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre; otro que brinde garantías de seguridad efectivas para los Estados que, como Cuba, no son po¬seedores de armas nucleares; y un tratado que prohíba la producción de material fisionable para la fabricación de armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares, y que abarque también las existencias.
Debe ser compromiso de todos los miembros de la Conferencia contribuir al éxito de la Conferencia Inter¬nacional de Alto Nivel de las Nacio¬nes Unidas sobre el Desarme Nuclear, que tendrá lugar a más tardar en el 2018.
Señor Presidente:
En lo que constituye un hito histórico, en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Lati¬no¬americanos y Ca¬ribeños (CELAC), celebrada en La Habana en enero del 2014, la región de América Latina y el Caribe se proclamó formalmente como Zona de Paz. En dicha proclama, firmada por los Jefes de Estado y de Go-biernos, se enfatizó el firme compromiso de los miembros de la CELAC con la promoción del desarme nuclear como objetivo prioritario.
Esta Conferencia de Desarme tie¬ne la importante responsabilidad de actuar a la altura de las legítimas expectativas de la comunidad internacional y contribuir de manera de¬cisiva a la paz y la seguridad internacionales, y a la supervivencia de la especie humana, amenazada por enormes arsenales nucleares y por el cambio climático.
Es indispensable un nuevo or¬den mundial basado en la paz, la solidaridad humana y la justicia social.
Muchas gracias.

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